Redacción
El asesinato de Nazareth Cortés Velasco, presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totolápam, ha generado una fuerte condena por parte de organizaciones sociales y feministas, quienes advierten sobre el creciente riesgo que enfrentan las mujeres en cargos de representación agraria y pública en Oaxaca. Con este caso, suman nueve mujeres en funciones públicas asesinadas durante la actual administración estatal, de acuerdo con la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.
En paralelo, colectivos del Foro en Defensa del Territorio y la Propiedad Social señalaron que, como parte del monitoreo “Todos sus Nombres, Todas sus Luchas”, se documentaron 34 asesinatos de personas defensoras en el país y cuatro desapariciones forzadas entre octubre de 2024 y octubre de 2025. En este contexto, Oaxaca se posiciona como la entidad con mayor incidencia, reflejando la vulnerabilidad de quienes luchan por la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos.
Las cifras indican que las principales causas de agresión están relacionadas con la defensa del territorio y el medio ambiente, que representa el 31.6 por ciento de los casos, seguido del derecho a la verdad y la justicia con 28.9 por ciento, y los derechos civiles y políticos con 15.8 por ciento. En conjunto, estas luchas concentran más de tres cuartas partes de los ataques registrados.
Por su parte, la Red de Mujeres Ejidatarias y Comuneras de Oaxaca condenó el homicidio de Cortés Velasco, ocurrido la madrugada del 19 de marzo, y destacó su labor en la defensa de los derechos agrarios y la participación de las mujeres en la toma de decisiones comunitarias. En su posicionamiento, subrayaron que este crimen evidencia los riesgos constantes que enfrentan las mujeres que defienden sus territorios.
Asimismo, cuestionaron la falta de pronunciamientos por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, especialmente por tratarse de un hecho ocurrido en el contexto previo a una visita presidencial a la entidad. “Su muerte es un recordatorio del riesgo que enfrentamos las mujeres en los ejidos y comunidades”, señalaron.
Finalmente, las organizaciones exigieron a las autoridades estatales y federales una investigación exhaustiva con perspectiva de género y enfoque comunitario, así como medidas de protección urgentes para mujeres que ocupan cargos ejidales en San Pedro Totolápam y en otras regiones del estado. También demandaron garantizar condiciones seguras para que la defensa del territorio no continúe siendo motivo de violencia o muerte.
