Redacción
El presunto uso de instituciones públicas para beneficiar a familiares, allegados y proyectos políticos vuelve a colocar bajo la lupa a funcionarios del Gobierno de Oaxaca. En esta ocasión, las acusaciones apuntan contra Gilberto Melo Guzmán, director general del Instituto Catastral del Estado, y Vania Melo Rubio, directora del Centro Estatal de Prevención del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), quienes enfrentan señalamientos por presuntas prácticas de nepotismo, irregularidades administrativas y posible uso indebido de recursos públicos.
Trabajadores del Instituto Catastral denuncian que la dependencia habría sido convertida en un espacio dominado por familiares y personas cercanas al director, quienes presuntamente ocupan plazas sin desempeñar funciones reales, mientras el personal operativo enfrenta carencias, amenazas y un ambiente de presión constante.
Entre las personas señaladas por los denunciantes como parte de esta red se encuentran Paola Encarnación Grijalva Cervantes, Alejandro Daniel Melo Mondragón, Cuauhtémoc Melo Tapia, Génesis Laredo Baños, Homero Laredo Morales, Gibrán Robles Cruz y Karla Martínez Hernández, quienes, aseguran, mantienen vínculos familiares o personales con el titular de la dependencia.
A ello se suman denuncias sobre la presunta desaparición recurrente de trámites y expedientes, situación que, afirman trabajadores, habría dado paso a un esquema de cobros por reposiciones y pagos irregulares para agilizar gestiones. Según estas versiones, el supuesto operador de estas prácticas sería Daniel Melo Mondragón, primo del director.
Las acusaciones también alcanzan el manejo de recursos públicos. Personal del Instituto sostiene que millones de pesos destinados a trabajos de remodelación no se reflejan en las condiciones reales del inmueble, donde continúan las fallas en el suministro eléctrico, la falta de servicios y las deficiencias en la atención a la ciudadanía.
Los denunciantes aseguran además que existe un clima de intimidación dentro de la dependencia, pues trabajadores serían amenazados con despidos si hacen públicas las irregularidades o presentan denuncias ante las autoridades competentes.
A estos señalamientos se agrega la versión de que el cargo estaría siendo utilizado para impulsar un proyecto político personal, mientras que Gilberto Melo contaría con respaldo político dentro del Gobierno estatal, situación que —afirman los inconformes— habría permitido mantener intacta una estructura de funcionarios vinculados con administraciones anteriores que fueron cuestionadas por presuntas operaciones relacionadas con el llamado “Cártel del Despojo”. Hasta el momento, estas acusaciones no han sido acreditadas por una autoridad competente.
Las críticas también alcanzan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Vania Melo Rubio es señalada por presuntamente haber accedido a la Dirección del Centro Estatal de Prevención gracias a sus vínculos familiares, al ser hija de Juan Mathías Melo Guzmán, coordinador regional para la Construcción de la Paz en la Costa, y hermana de Gilberto Melo.
Su gestión también ha sido objeto de cuestionamientos. En redes sociales circula un video en el que presuntamente rechaza el abrazo de una ciudadana durante una gira de trabajo, hecho que generó críticas por la imagen de distancia y desdén hacia la población.
Asimismo, policías estatales han manifestado inconformidad por la calidad de los uniformes adquiridos por el SESESP. De acuerdo con las quejas, las prendas presentan deficiencias de confección y no cumplirían con los estándares esperados, pese a que para su adquisición se destinan recursos públicos por varios millones de pesos.
Los denunciantes acusan directamente a Karina Barón, titular de la SESESP por permitir estas designaciones y de no atender los señalamientos sobre presuntas irregularidades dentro de la institución.
