Redacción
Ante el desplazamiento forzado interno de 88 familias de la comunidad de Buenavista, en el municipio de Santiago Yosondúa, la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, mantiene un mecanismo de atención y diálogo interinstitucional, en el que participan autoridades estatales y municipales, así como organismos internacionales de derechos humanos.
La estrategia, coordinada por el secretario Jesús Romero López, se desarrolla con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y busca contener la emergencia humanitaria generada por el conflicto agrario que mantiene esta comunidad con Santa María Yolotepec, al tiempo que se construyen rutas de solución pacífica.
En la mesa de trabajo participan representantes comunitarios de Buenavista, autoridades municipales y la representación agraria de Santa María Yolotepec, bajo un esquema de diálogo que prioriza la protección de derechos humanos y la reconstrucción comunitaria, aun en un escenario donde existe una resolución agraria que reconoce la propiedad del territorio a favor de Yolotepec.
La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH), informó que el caso será documentado y presentado ante instancias federales, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de dar seguimiento institucional a las acciones implementadas y fortalecer los mecanismos de atención a las familias desplazadas.
Como parte de este proceso, en diciembre pasado, Oaxaca recibió la visita de la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Paula Gaviria Betancur, quien sostuvo un encuentro directo con personas de la comunidad afectada. Durante la reunión, las familias expusieron las condiciones en las que viven tras haber sido obligadas a abandonar su territorio.
Tras este acercamiento, la relatora internacional mantiene observación y seguimiento del caso, además de exhortar a las partes involucradas a avanzar hacia un acuerdo que garantice el retorno seguro y digno de las familias, bajo condiciones de paz.
El desplazamiento forzado interno representa una de las expresiones más graves de la conflictividad social, al provocar la ruptura de comunidades completas y dejar a cientos de personas en situación de vulnerabilidad. En este contexto, el Gobierno de Oaxaca ha optado por una ruta de atención humanitaria, diálogo político y acompañamiento internacional, alejándose de respuestas coercitivas.
Romero López sostuvo que se ha reiterado que los conflictos históricos no se resuelven con imposiciones, sino mediante procesos de diálogo sostenido, legalidad y sensibilidad social. La atención al caso de Buenavista se enmarca, señaló, en una visión donde la paz no se decreta, sino que se construye desde las comunidades.
