Diputados locales aprobaron, por mayoría, la renuncia del magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pedro Antonio Enríquez Soto, solicitud que presentó el pasado martes. Ahora, ya sin fuero constitucional, podrá enfrentar un proceso legal en el que se le acusa de despojo de viviendas a derechohabientes del Infonavit.
A Enriquez Soto se le señala de participar en la simulación de juicios en los que a los dueños de las viviendas supuestamente se les había notificado de que podrían perder su hogar, pero éstos no se presentaban, por los que eran declarados “en rebeldía”.
De igual forma este viernes el Congreso Estatal culminará otro proceso de desafuero en contra del también magistrado del TSJ, José Ramón Marmolejo Coronado, y cuatro jueces de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Nayarit.
A todos se les señala de participar directamente en la creación de juicios para despojar a más de 50 mil acreditados de Infonavit en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Jalisco y Nayarit, realizados entre el 2013 y el 2018.
En reunión de la Comisión de Gran Jurado en su Sección Instructora, diputados aprobaron el dictamen que contiene las conclusiones de la Declaración de Procedencia (de desafuero) con número de expediente JDP/CE/01/2018 en contra de Marmolejo Coronado y los otros jueces mencionados.
Es por eso que este viernes el Pleno del Congreso se erigirá en Jurado de Procedencia, ante el cual fueron citados tanto el denunciante como los acusados, quienes podrán alegar lo que a su interés legal convenga.
Posteriormente será discutido y votado el dictamen que contiene las conclusiones para determinar en definitiva si se procede penalmente en contra de los denunciados; en caso de aprobarse, serán separados de su encargo mientras estén sujetos a proceso penal.
En el caso de declararse procedente el desafuero, los servidores cuyos casos serán revisados este viernes, quedarían a disposición de las autoridades competentes de impartición de justicia, en donde tendrán expeditos sus derechos para utilizar los mecanismos legales que a su defensa convenga.
Por ello, el Congreso únicamente valora si existen indicios que arrojen una posible intervención en la comisión de un delito, pero no juzga sobre si hay o no delito o responsabilidad penal; es decir, el Congreso no se erige en juez ni en un órgano jurisdiccional, sino únicamente remueve el fuero constitucional para que el servidor público pueda ser procesado ante el Poder Judicial del Estado de Nayarit, órgano competente para determinar la responsabilidad penal.
