La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso contra dos personas del sexo masculino identificadas como P.J.H., alias “El César” y P.J.H., alias “El Mariano”, por el delito de Trata de Personas Agravado, en su modalidad de captación, traslado y alojamiento con fines de Explotación Laboral y Explotación Laboral Agravado.
Este delito fue cometido en agravio de nueve niños y adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 11 y 16 años, pertenecientes a la etnia Tzotzil de San Juan Chamula, en el estado de Chiapas, quienes vivían en condiciones insalubres y de hacinamiento en un domicilio ubicado en Calle Prolongación Nuño del Mercado de la agencia de San Juan Chapultepec, en el municipio de Oaxaca de Juárez, en la región de los Valles Centrales.
De acuerdo con el expediente penal del caso, el 17 de julio de 2024, a través de un operativo estratégico derivado de las indagatorias realizadas a partir la denuncia formulada por la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao), elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron la detención de dos sujetos en flagrancia, que obligaban a los menores de edad a vender dulces y cigarros en las calles del centro de la ciudad de Oaxaca, laborando todos los días de la semana en horarios excesivos.
El rescate de los menores de edad se logró gracias a las investigaciones ministeriales que la FGEO a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, por lo que las víctimas quedaron bajo resguardo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Durante el desahogo de audiencia y tras las pruebas presentadas por la FGEO, el Juez en turno dictó auto de vinculación a proceso para P.J.H., alias “El César” y P.J.H., alias “El Mariano” por el delito de Trata de Personas Agravado, en su modalidad de captación, traslado y alojamiento con fines de Explotación Laboral y Explotación Laboral Agravado, decretando la medida cautelar de prisión preventiva justificada, concediendo un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
