** Cuestionan domicilio y solvencia de la constructora; señalamientos sobre presuntos cobros por registros alcanzan al exdirector jurídico de Honestidad, Diego Javier Carreño López.
Fabián Hernández
Contratos de obra pública por casi 16 millones de pesos colocan bajo escrutinio a PUXTLA Maquinaria y Construcciones, S. A. de C. V., empresa que ha resultado beneficiada con distintas adjudicaciones en Oaxaca, pese a cuestionamientos sobre su domicilio, capacidad técnica, solvencia financiera y la documentación presentada para obtener su registro como contratista de la administración estatal.
Uno de los señalamientos más delicados apunta al domicilio que la constructora habría declarado en San Jerónimo Tlacochahuaya, donde, según las denuncias, únicamente existe un terreno baldío, sin oficinas, maquinaria, personal ni instalaciones que permitan identificar la operación de una empresa dedicada a ejecutar obras millonarias.
De confirmarse esta situación, surgirían dudas sobre las verificaciones realizadas por las autoridades para acreditar la capacidad operativa de PUXTLA. Hasta ahora, no se cuenta con una inspección oficial que confirme las condiciones del inmueble ni con elementos suficientes para concluir que la sociedad mercantil carece de existencia legal.
El caso adquiere relevancia por los contratos públicos identificados a nombre de la constructora, cuyos montos suman aproximadamente 15.9 millones de pesos, aunque parte de los registros requiere cotejo documental adicional.
Entre las adjudicaciones identificadas destaca una obra para la Universidad de la Sierra Sur, registrada en 2025 por 10 millones 377 mil 494.77 pesos, además de un contrato por 976 mil 629.67 pesos relacionado con San Baltazar Chichicápam.
A estos antecedentes se suman contratos de Vivienda Bienestar. Uno de ellos, correspondiente a la licitación pública estatal EO-XX116-2025, fue adjudicado por 3 millones 22 mil 589.04 pesos para la construcción de techos firmes en localidades de Santa María Huazolotitlán, en la región de la Costa.
Otro fallo, emitido el 29 de septiembre de 2026, mediante la licitación EO-XX165-2026, otorgó a PUXTLA un millón 246 mil 999.66 pesos para ejecutar 51 acciones de vivienda en San Pedro Amuzgos y Villa Sola de Vega.
También se ha identificado un registro adicional de Vivienda Bienestar por 335 mil 574.51 pesos, cuyo expediente deberá cotejarse para establecer las características de la contratación. La empresa figura, además, entre las constructoras invitadas por Caminos Bienestar a participar en tres procedimientos de rehabilitación carretera durante 2026.
La reiterada participación de PUXTLA en procedimientos financiados con recursos públicos plantea interrogantes sobre los mecanismos utilizados para verificar su infraestructura, experiencia y capacidad económica.
Los cuestionamientos también alcanzan la gestión de Diego Javier Carreño López, exdirector jurídico de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, sobre quien existen acusaciones de presuntas irregularidades relacionadas con la inscripción y clasificación de empresas en el padrón estatal de contratistas.
Entre los señalamientos se encuentran supuestos cobros de hasta 500 mil pesos para facilitar registros de contratistas en clasificación A, una práctica que evidenciaría posibles actos de corrupción en los procedimientos administrativos que permiten a particulares acceder a contratos de obra pública.
En este contexto, resulta indispensable esclarecer quién autorizó el registro de la constructora, qué funcionarios revisaron sus estados financieros y bajo qué criterios se validó su capacidad técnica, particularmente ante las dudas sobre la ubicación de sus instalaciones.
El acta de fallo de septiembre de 2026 establece que PUXTLA acreditó su personalidad jurídica y presentó documentación financiera que, de acuerdo con Vivienda Bienestar, demostraba una situación económica sana y capital contable suficiente para ejecutar los trabajos.
El documento fue suscrito por Gerardo Iván Velasco Cruz, director de Planeación y Gestión Habitacional de Vivienda Bienestar, y Jeanett Bourguet Lazares, representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
Otro aspecto que deberá revisarse es la competencia efectiva en los procedimientos de contratación, pues el fallo de 2025 identifica únicamente a PUXTLA como participante evaluado, sin que ese apartado permita establecer cuántas constructoras participaron inicialmente en la licitación.
La Secretaría de Honestidad y las dependencias contratantes deberán aclarar cómo se verificaron los requisitos de la constructora, quiénes intervinieron en su inscripción al padrón y si se practicaron inspecciones para comprobar la información proporcionada.
