Manifestarse en Nicaragua ya es un delito. El Gobierno que dirige, con mano dura, el sandinista Daniel Ortega ha informado este viernes a través de un comunicado emitido por la Policía Nacional de la prohibición de las protestas que exigen el fin del régimen. Y amenaza, también, con enjuiciar a quienes organicen nuevas manifestaciones.
Para las autoridades del país centroamericano, inmerso en su peor crisis política desde el fin de la guerra civil de la década de los ochenta, las protestas son “ilegales” y una amenaza a la paz y la seguridad. En los últimos meses, la violencia se ha cobrado la vida de 326 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La mayoría de ellos son civiles que murieron por la represión desatada desde el Estado.
FUENTE: El País
