La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada en contra de Luis Ángel Bravo Contreras, quien fue titular de esa dependencia en la administración del priísta Javier Duarte de Ochoa (2010-2016). Las autoridades ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos por información que ayude a localizar al ex funcionario.
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares informó ayer que la fiscalía obtuvo el pasado viernes la orden de captura contra Bravo Contreras por entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables (de las desapariciones forzadas) eludieran la acción de la justicia
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Destacó que la FGE cuenta con pruebas contundentes de que Bravo Contreras ordenó a personal a su mando ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos en la barranca La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata.
El 19 de enero de 2016 fueron hallados en ese sitio los restos de al menos 19 personas; sin embargo, personal de servicios periciales de la fiscalía sólo reportó seis cuerpos.
De los 13 no reportados oficialmente, sólo uno fue identificado como agente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal; del resto se desconoce su paradero, precisó la FGE en un comunicado en abril pasado.
Por este caso están detenidos María del Rosario Zamora González, ex directora de Investigaciones Ministeriales; Carlota Zamudio Parroquín, ex coordinadora regional de la policía ministerial en Xalapa, y Gilberto Aguirre Garza, ex director de Servicios Periciales de la FGE.
Bravo Contreras fue el tercer fiscal en el gobierno de Javier Duarte. Llegó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado el 25 de febrero de 2014, tras la renuncia de Felipe Amadeo Flores Espinosa.
El 30 de enero de 2015, con las reformas sobre procuración de justicia, Bravo Contreras fue ratificado por el Congreso estatal como fiscal general por nueve años. En su gestión minimizó las desapariciones forzadas y renunció con la llegada de Yunes Linares, en noviembre de 2016.
Huesos de perro
En abril de 2015, a petición de familias de desaparecidos, policías ministeriales inspeccionaron el predio Colinas de Santa Fe, en la zona norte del puerto de Veracruz. Bravo Contreras dijo que sus agentes sólo encontraron huesos de perro
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Inconformes, las familias pidieron a la Procuraduría General de la República que inspeccionara. Tan pronto soltaron un perro, éste dio con una fosa donde había cinco cadáveres.
En agosto de 2016, madres del colectivo Solecito Veracruz, integrado por familiares de desaparecidos, investigaron de nuevo en el predio y encontraron un cementerio clandestino con 150 fosas y más de 287 restos humanos.
Bravo Contreras también se enfrentó con la Brigada Nacional de Búsqueda de Familias de Personas Desaparecidas en Veracruz, durante un trabajo de exploración en la comunidad de San Rafael Calería, en Córdoba.
Después de cuatro días de búsqueda, la brigada reportó el hallazgo de 11 fosas clandestinas con restos calcinados. La FGE emitió un comunicado en el cual descalificó el descubrimiento, al afirmar que eran madera y tela sintética
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Otro ocultamiento de información tuvo que ver con una fosa clandestina con más de 30 cuerpos en el rancho El Diamante, municipio de Tres Valles. En esa ocasión fue despedido Arturo Herrera Campillo, subprocurador de Veracruz, quien confirmó los hechos.
Bravo Contreras recibió varias recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las cuales se documentó que servidores públicos a su cargo habían violado el debido proceso en la integración de averiguaciones previas.
Escalón a la gubernatura
La orden de captura contra Bravo Contreras fue recibida con escepticismo por la vocera del Colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Genao. “Consideramos positivo que se detenga a presuntos delincuentes, pero es año electoral, y el tema de los desaparecidos puede usarse con fines políticos.
Sabemos el interés que tiene Yunes Linares: quiere que su hijo (Miguel Ángel Yunes Márquez) quede en la gubernatura. Ya no se sabe qué es por los derechos humanos y qué es política, porque mientras anuncian estas detenciones, tienen los casos parados desde hace un año.
Fuente: La Jornada
