Por Fernando Cruz López
Millones de mexicanos sostienen que la reforma judicial propuesta en México ha generado un intenso debate debido a sus potenciales implicaciones para el sistema de justicia del país. A continuación, analizaremos los aspectos negativos de esta reforma y las posibles consecuencias de su aprobación en las próximas 24 horas:
Uno de los principales puntos de preocupación es la concentración de poder en el Ejecutivo Federal, debido a que la reforma propone otorgar al presidente la facultad de nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a los magistrados de circuito y jueces de distrito. Expertos juristas del país han hablado y debatido por esta reforma y consideran que podría comprometer seriamente la independencia del Poder Judicial, un pilar fundamental de cualquier democracia.
Y es que está bastante claro, pues al permitir que el Ejecutivo tenga una influencia directa en la composición de los tribunales, se corre el riesgo de debilitar el sistema de pesos y contrapesos que garantiza el equilibrio entre los poderes del Estado.
Los expertos en la materia tienen mucha razón cuando dicen que existe el temor de que los nombramientos judiciales se basen más en afinidades políticas que en méritos profesionales, lo que podría resultar en una justicia sesgada y parcial. Además de que la multicitada reforma propone reducir el número de ministros de la SCJN y modificar su proceso de selección. Esto sin duda alguna que podría tener consecuencias muy negativas.
Debido a que con menos ministros, la SCJN podría ver reducida su capacidad para atender la gran cantidad de casos que llegan a su consideración, lo que podría resultar en retrasos en la impartición de justicia, ademas la propuesta de eliminar o absorber varios organismos autónomos dentro de la estructura del gobierno federal es otro aspecto preocupante:
La reforma también propone cambios que podrían afectar el equilibrio entre el Gobierno Federal y los Estados, debido que al otorgar más poder al Gobierno Federal en detrimento de las entidades federativas, se corre el riesgo de debilitar el Sistema Federal Mexicano y reducir la autonomía de los Estados.
La reforma judicial propuesta presenta serios riesgos para el equilibrio de poderes, la independencia judicial y la calidad democrática en México. Si bien es cierto que el sistema judicial actual no está exento de problemas y que algunas reformas podrían ser necesarias, los cambios propuestos parecen ir en una dirección que podría debilitar las instituciones democráticas del país, en lugar de fortalecerlas.
Es crucial que cualquier reforma al sistema judicial se lleve a cabo con un amplio consenso, respetando los principios fundamentales de la separación de poderes y la independencia judicial. Solo así se podrá garantizar un sistema de justicia que sea verdaderamente imparcial, eficiente y capaz de proteger los derechos de todos los ciudadanos.
Los diputados y senadores y todos aquellos que impulsan esta reforma judicial deben evaluar cuidadosamente los pros y contras de la misma, considerando no solo sus efectos inmediatos, sino también sus implicaciones a largo plazo para el futuro democrático del país.
