Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), “intentó amedrentar a los directivos de editorial Jus, desconociendo el contrato y los acuerdos de inversión y mejoras al local pactados, realizados y aprobados por el anterior director (José G. Moreno de Alba).
“Primero quiso venderles el inmueble y luego desconocer el contrato firmado y perfeccionado entre las partes. Cuando no logró sus propósitos demandó a la editorial, pero ha usado cualquier cantidad de artimañas para anular el legítimo derecho de Jus de recuperar lo invertido (y aprobado por la Academia) mediante el uso del inmueble”.
Eric López Isarraraz, abogado de Jus, afirma lo anterior respecto al litigio legal que la AML abrió hace casi un lustro en contra del sello octagenario, al que acusa de no haber pagado, de 2009 a la fecha, la renta del edificio colonial ubicado en la calle Donceles 66, en el Centro Histórico.
“En ningún momento Jus ha dejado de pagar la renta o incumplido con el contrato”, aclara el jurista vía correo electrónico en referencia al documento firmado por ambos litigantes hacia 2004, año en que la AML le rentó a la editorial la casona que adquirió el 7 de agosto de 1956 y que fungió como su sede de 1957 a 2002.
Según los datos que aparecen en el sitio electrónico poderjudicialvirtual.com, la AML promovió el 22 de agosto de 2013 una Controversia de Arrendamiento Inmobiliario en contra de Editorial Jus, S.A. de C.V. y Fincen, S.A. de C.V., en el Juzgado 40 Civil del Distrito Federal, donde se abrió el Expediente 732/2013.
Jaime Labastida y Gabriel Yáñez, director y gerente de la AML, respectivamente, comentaron que “han ganado todas las instancias”, que “sólo falta la última instancia para dictar la sentencia definitiva” y que esperan recuperar este año el edificio de dos plantas, construido en 1828 (Excélsior, 17/05/2018).
De acuerdo con Yáñez, la renta acordada no era alta. “Tengo entendido que una parte era en efectivo (20 mil pesos) y la otra en especie (equivalente a 20 mil pesos), haciéndole mejoras a la casa. Pero el monto de las mejoras no se especificó en el contrato, quedó libre. Muchas cosas se hicieron de buena fe y ahí estuvo el problema”.
López Isarraraz responde, aunque sin mostrar documento alguno ni especificar cifras, que “siempre se ha pagado renta, incluso de manera anticipada, pues se hicieron considerables inversiones, todas documentadas y aprobadas en su momento… El costo de inversión es millonario”.
Incluso, acusa que la demanda de la AML se fundó en un documento apócrifo. “Por increíble que parezca, la Academia cometió un fraude procesal al intentar filtrar como copia certificada del contrato de arrendamiento (que se equipara a un original) una copia simple del mismo. Dicho fraude se denunció penalmente”.
El defensor añade que “la AML y sus tramposos abogados le colocaron en original, a cada uno de los tantos de la copia simple del contrato de arrendamiento que tenían, una rúbrica en la parte inferior derecha y lo llevaron al notario a cotejar, a lo que el notario avaló:
’CERTIFICO, YO JORGE ANTONIO SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA, titular de la Notaría Pública número 153 del Distrito Federal, que la presente copia fotostática que consta de TRECE fojas, ES FIEL REPRODUCCIÓN DE LA COPIA FOTOSTÁTICA, CON UNA RÚBRICA ORIGINAL AL CENTRO DEL MARGEN INFERIOR, QUE TUVE A LA VISTA, habiéndose anotado su cotejo en el libro de registro de cotejos número CINCO, bajo el número 7643, de fecha 7 de agosto del 2013.- DOY FE’”.
El abogado deja claro que el juicio no está concluido: “Se ha alargado porque existe un sin número de violaciones al procedimiento en contra de la editorial, que se han impugnado en su momento; pero, al final, estamos seguros de que se absolverá de las prestaciones reclamadas y haremos cumplir el contrato de arrendamiento y los acuerdos posteriores en la forma y términos pactados”.
