La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, afirmó que, tras realizar un “reanálisis profundo, exhaustivo y detallado de las actuaciones existentes sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero”, se determinó que existían evidencias para acreditar la responsabilidad de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su posible participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014.
“Acreditó con plena evidencia y apego al debido proceso la posible participación de Ángel N., exgobernador del estado de Guerrero, en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”, dijo.
En un breve mensaje en redes sociales, la fiscal aseguró que con base en dos declaraciones de testigos protegidos que aportaron información en 2026, se confirmó que hubo ocultamiento de unas grabaciones.
“Permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”, aseguró.
Por esta razón, explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un agente del Ministerio Público, responsable de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa,”solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Ángel N. por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, misma que fue cumplimentada el día de hoy en el Estado de México”
Testigos protegidos confirmaron la existencia de grabaciones
Los dos testimonios que permitieron solicitar la orden de aprehensión fueron realizados por colaboradores directos del Ejecutivo estatal. El primero, en enero de este año, confirmó la existencia de las grabaciones y declaró que fueron sustraídas y entregadas directamente a Ángel Aguirre, pero que había guardado silencio hasta ahora debido a amenazas en su contra.
“En enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel ‘N’, además de referir amenazas que explicaban su silencio previo”, destacó Godoy.
En mayo pasado, el segundo testigo protegido reveló que Ángel Aguirre ordenó desaparecer toda evidencia vinculada con la desaparición de los normalistas durante una reunión de alto nivel.
La fiscal concluyó en su mensaje que “continuarán las investigaciones con toda la seriedad, profesionalismo y rigor científico que se requiere” y que “no nos detendremos hasta conocer la verdad de los hechos”.
