Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, trabajadores del SNTE, aún enfrentan acusaciones por el delito de defraudación fiscal, por lo que por el momento continuarán en prisión.
Un juez federal ordenó la inmediata libertad de Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, quienes fueron acusados por la Procuraduría General de la República de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el juicio que se le siguió a la maestra Elba Esther Gordillo. Pese al fallo judicial, ambos trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación continuarán en prisión, por el momento, debido a que todavía enfrentan acusaciones por delitos de defraudación fiscal, delito que no es grave y que pueden enfrentar en libertad. Funcionarios federales revelaron que el juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente declaró fundado el incidente de sobreseimiento que promovieron Gallardo y Díaz Flores. El impartidor de justicia consideró que las pruebas que presentó la PGR en contra de ambas personas, en el caso de lavado de dinero, se obtuvieron de manera ilegal, porque no existió un orden judicial para revisar las cuentas y movimientos financieros de los integrantes del SNTE, además de que no existió querella por parte de las autoridades de Hacienda. Mientras que el delito de delincuencia organizada no se configura. De acuerdo con la acusación de la PGR, Elba Esther se benefició con mil 978 millones de pesos, a través de las transferencias financieras que llevaron a cabo tres personas cercanas a ella. El dinero que presuntamente lavó la profesora, señaló PGR, pertenecía al SNTE y lo usó para el pago de pilotos, compra de viviendas y cirugías reconstructivas en Estados Unidos, depósitos bancarios en Suiza y en el Principado de Liechtenstein, y para el pago de una tarjeta de crédito American Express. Tres personas físicas concentraron la mayor parte de los referidos recursos, según la denuncia. Ellos son: Nora Guadalupe, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores; la PGR aseveró que ni uno de ellos estaba autorizado para el manejo de los recursos del sindicato, además de que utilizaron cuentas personales. El pasado 7 de agosto, Miguel Ángel Aguilar López, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, ordenó la liberación de Elba Esther porque la PGR y la Secretaría de Hacienda actuaron de manera ilegal para acusarla de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo anterior consta en el fallo del incidente no especificado de sobreseimiento que resolvió el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal.
FUENTE: Milenio
