Un juez federal de Estados Unidos ordenó hoy frenar temporalmente las deportaciones de las familias de inmigrantes que han sido reunidas tras las separaciones que tuvieron lugar en la frontera con México en el marco de la política migratoria de la administración de Donald Trump.
El juez Dana Sabraw de San Diego tomó la decisión después de que así se lo pidiera la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos civiles del país, informaron medios estadunidenses.
ACLU fue quien demandó a la administración por las separaciones y logró que el juez Sabraw ordenara en junio la reunificación de los niños separados de sus padres.
ACLU defiende que, tras la reunión con sus hijos, los padres precisan de tiempo para decidir si solicitan asilo en Estados Unidos. El juez de San Diego frenó las deportaciones temporalmente hasta que el Gobierno responda a los documentos presentados por ACLU. El magistrado ha dado para ello una semana.
La administración de Trump tiene hasta el 26 de julio para reunir a unos 3.000 menores con sus padres. El plazo dado para reunir a los que tenían menos de cinco años -103 en total- se cumplió el martes sin que la administración llegara a hacerlo a tiempo por, según alegó, el tiempo preciso para verificar el parentesco y asegurar que los padres no suponen un peligro para los menores.
La mayoría de las familias separadas procede de Honduras, El Salvador y Guatemala, y llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia en el llamado Triángulo Norte centroamericano.
La separación se originó cuando el fiscal general dio orden de perseguir penalmente a todo inmigrante indocumentado arrestado tras cruzar la frontera.
La persecución penal lleva implícito el envío a un centro carcelario, donde los niños no pueden estar más de 20 días, y estos fueron entonces separados de sus padres y quedaron bajo custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales.
Desde el 19 de abril fueron separados unos 3 mil en base a una política que la administración Trump ha bautizado como “tolerancia cero” y que se ha utilizado para desincentivar la llegada de inmigración ilegal.
Las separaciones generaron una ola de indignación con el Gobierno de Trump, al que se sumaron incluso la ONU y el papa Francisco, y el presidente de Estados Unidos acabó firmando el 20 de junio una orden ejecutiva en la que ordenó ponerles fin.
No pretendía, no obstante, acabar con la persecución penal de los indocumentados, sino que para mantener juntas a las familias quería el permiso de los tribunales para que los niños pudieran estar en la prisión junto a sus progenitores. Pero una jueza federal de Los Ángeles le negó ese permiso.
Fuente: La Jornada
