El gobierno del estado y la secretaría de finanzas en coordinación muy estrecha con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General del Estado y por supuesto la Fiscalía de la República, deben iniciar cuanto antes una exhaustiva investigación en Oaxaca, que demuestre la serie de ilícitos financieros que conocidos factureros han estado cometiendo en la entidad en los últimos meses.
Para ilustrar un poco este asunto, hay que recordar que las empresas factureras, también conocidas como “empresas fantasmas”, representan un problema significativo para la economía y la administración fiscal de México, debido a que estas entidades se dedican a emitir facturas por operaciones ficticias, inexistentes o simuladas, con el objetivo de que otras empresas puedan deducir impuestos de manera fraudulenta.
Este esquema no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también tiene implicaciones más amplias para la economía y la sociedad en general y se ha puesto de moda en Oaxaca, al grado tal que en las pasadas campañas electorales sus servicios fueron muy solicitados debido a que todos los candidatos se excedieron en sus gastos de campaña y necesitaban que los ayudaran a cuadrar sus cuentas, aunque para ello tuvieran que burlar la ley.
Debo mencionar que el impacto económico de las empresas factureras es devastador. Según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), estas empresas han emitido millones de facturas falsas, lo que ha resultado en una evasión fiscal de miles de millones de pesos.
Por ejemplo, en este año se han identificado en Oaxaca más de 20 empresas factureras que, junto con cientos de personas físicas y morales, han simulado operaciones millonarias, causando una cuantiosa pérdida al SAT, los principales clientes de los factureros son los ayuntamientos, pues se aprovechan muchas veces de la inocencia de los presidentes municipales para llevarles sus cuentas y ahí es donde se sirven con la cuchara grande.
Este tipo de evasión fiscal no solo reduce los ingresos del estado, sino que también afecta la capacidad del gobierno para financiar servicios públicos esenciales como la educación, la salud y la infraestructura. La evasión fiscal a través de facturas falsas representa un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto (PIB) de México, lo que demuestra la magnitud del problema. El SAT ha implementado diversas medidas para combatir la facturación falsa, incluyendo la publicación de listas de contribuyentes que se encuentran en estos supuestos y la realización de auditorías y revisiones para detectar operaciones simuladas, pero todo indica que de poco han servido estos esfuerzos pues las empresas factureras se han multiplicado en la ciudad y de manera descarada sus “coyotes” andan buscando clientes entre las dependencias estatales y ayuntamientos. Esto se tiene que frenar, el gobierno debe investigar a cada uno de los factureros, revisar de dónde salieron sus fortunas y proceder en consecuencia
