Redacción
El Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU), documentó algunos delitos, que, según estableció en un reporte, habrían cometido elementos de seguridad de México, durante el 2022, tales como homicidios extrajudiciales, desaparición forzada y arrestos arbitrarios.
Al emitir el documento, Country Reports on Human Rights Practices: Mexico, no sólo miembros del Ejército Mexicano, también policías municipales y oficiales gubernamentales han sido señalados por atentar contra los Derechos Humanos (DDHH) a través de diversos abusos en los procesos de impartición de justicia.
En la introducción del informe, tras repasar la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalan que, aunque las autoridades en general mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que los elementos de las fuerzas de seguridad actuaron independientemente del control civil.
Los informes fidedignos del Departamento de Estado con relación a la violación de DDHH, incluyeron homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales, tales como el asesinato de un estudiante de la Universidad de Guanajuato o el de la niña Heidi Mariana Pérez por una bala perdida tras un tiroteo iniciado por elementos de la Defensa Nacional (Sedena).
Otro ilícito mencionado fue el de las desapariciones forzadas en las que se acusa una presunta colusión entre grupos delincuenciales con autoridades y cuyas investigaciones, enjuiciamientos y condenas “fueron raras”.
En ese sentido, señaló vacíos informativos en las bases de datos federales y estatales, así como fragmentación en los sistemas forenses. “El volumen de casos sin resolver era mucho mayor que los sistemas forenses eran capaces de manejar”.
Este punto se relaciona con los informes recibidos por presunta complicidad entre agentes del gobierno con bandas criminales, cuyos crímenes quedaron en gran parte sin investigar o perseguir.
Asimismo, el Departamento abundó en las detenciones arbitrarias, específicamente, para los procedimientos de arresto y tratamiento, así como la prisión preventiva: “Las autoridades no siempre liberaron rápidamente a las personas detenidas ilegalmente”, externó respecto a esta última.
