El Consejo de Ministros del Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, se celebró hoy en Barcelona bajo estrictas medidas de seguridad, numerosos enfrentamientos entre independentistas y agentes policiales y en medio de un clima de crispación y repulsa. El saldo provisional es de siete activistas detenidos por agresiones reiteradas a la policía y alguno de ellos por tener material para la fabricación de bombas caseras, además se registró una grave agresión a un periodista español que cubría las protestas para un medio de comunicación conservador.
A pesar de que el presidente Pedro Sánchez intentó trasladar una supuesta “normalidad” en su visita a Barcelona, al llegar caminando desde su hotel a la sede donde se celebró el encuentro ministerial -la céntrica Lonja de Mar-; todo alrededor de ese inmueble era extraordinaria. Las medidas de seguridad eran extremas. De hecho se fijó un amplío perímetro de seguridad que nadie podía romper, salvo las personas con acreditación tramitada días antes para pasar -sobre todo trabajadores de hoteles y restaurantes o de oficinas públicas dentro del perímetro-.
Los autodenominados Grupos de Defensa de la República (GDR´s) advirtieron que intentarían paralizar Cataluña ante lo que calificaron como una “provocación”, en alusión a la celebración del Consejo de Ministros coincidiendo con el primer aniversario de los comicios autonómicos pasados, que fueron convocadas bajo la intervención de las instituciones catalanas por el anterior gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, tras la declaración unilateral fallida de independencia del 27 de octubre del 2017.
El plan de actuación de los GDR´s y de militantes del independentismo más radical diseñaron un plan para paralizar Cataluña, que finalmente pudieron desarrollar sólo a medias. Algunas carreteras fueron cerradas durante varias horas, sobre la AP-7, que prácticamente transcurre en toda la zona este de la comunidad autónoma y que se vio afectada en distintos puntos, tanto al norte, el centro como el sur. También se interrumpió parcialmente el tráfico vehicular en algunos accesos a la ciudad de Barcelona, sobre todo en la calle que comunica el aeropuerto con el centro de la ciudad. En este caso los agentes antidisturbios liberaron varios carriles, con lo que pudieron circular los coches aunque a un ritmo mucho más lento.
Tanto las estaciones de tren como las principales instituciones de Cataluña funcionaron con normalidad, a pesar de que se había anunciado que las bloquearían con acciones rápidas.
Los únicos puntos de conflicto se registraron en los principales puntos de control policial alrededor del edificio de la Lonja, donde se celebraba el Consejo de Ministros. En algunos de ellos, como el de la Via Laietana, la Calle de Drassenes y en la céntrica Rambla de Cataluña, hubo duros enfrentamientos entre activistas a favor de la independencia y agentes policiales. La mayoría de las cargas policiales se llevaron a cabo después de varias advertencias a los manifestantes para que dejaran de lanzar piedras, pintura y bengalas. La policía autonómico informó de al menos siete detenidos, uno de ellos además le fue incautado material para la fabricación de bombas molotov y piedras de gran tamaño.
Entre los hechos violentos más graves se registró una grave agresión contra el periodista de la emisora de televisión española Intereconomía -de perfil conservador y españolista-. El reportero, Kike Minuesa, recibió varios golpes en la nariz y su equipo también fue sacudido con violencia por varios manifestantes encapuchados.
Entre las primeras medidas anunciadas por el gobierno español en el Consejo de Ministros excepcional destacaron el cambio de nombre del aeropuerto de Barcelona, que actualmente se llama Prat y que ahora tendrá el nombre de Josep Tarradellas, el primer presidente autonómica tras la restauración de la democracia. Y, además, se anunció la anulación del juicio militar contra Lluis Companys. El Consejo de Ministros aprobó una declaración de reparación, reconocimiento y restitución de la plena dignidad de Lluís Companys. Por eso se rechaza y condena el Consejo de Guerra que decidió la ejecución del presidente de la Generalitat asesinado en 1940 por el régimen franquista tras ser detenido por la Gestapo en Francia.
La anulación es una antigua demanda independentista, sobre todo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) –partido del que Companys fue líder-.
A lo largo de la tarde se prevén más movilizaciones en Barcelona y una gran manifestación para expresar su rechazo a la presencia del gobierno español en Barcelona y a favor de la liberación de los políticos presos por su participación en la declaración unilateral de independencia del año pasado.
Fuente: La Jornada
