Aseguran cuatro propiedades al ex gobernador César Duarte

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua confiscó en el municipio de Balleza, en el sur de la entidad, cuatro ranchos propiedad del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez, que se suman a 21 fincas incautadas con motivo de las investigaciones contra el ex mandatario por el presunto desvío de mil millones de pesos del erario estatal.

El titular de la FGE, César Peniche Espejel, informó que, en cumplimiento a una orden de cateo librada por un tribunal de control, agentes del Ministerio Público, policías de la Agencia Estatal de Investigación, oficiales de la Comisión Estatal de Seguridad, elementos del grupo K-9, personal técnico de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y de la Secretaría de Desarrollo Rural efectuaron las diligencias.

Los ranchos asegurados son El Molino, de 28.74 hectáreas; Las Granjas, que abarca 9.35 hectáreas; Loma Alta, de 133.28, y El Molino de los Nogales, de 951 metros cuadrados.

El fiscal clasificó los primeros tres inmuebles como predios rústicos y al último, como huerta nogalera.

Destacó que en estas propiedades se realizarán, entre otras diligencias, peritajes de criminalística, topografía y valuación.

Acotó que en las propiedades se localizaron huertas nogaleras y al menos 70 ejemplares de ganado de raza Angus color negro, que también fueron asegurados.

Acumula 15 órdenes de captura

César Duarte enfrenta 15 órdenes de aprehensión y continúa prófugo. La Interpol ya emitió fichas rojas para su aprehensión.

Como parte de la operación Justicia para Chihuahua, el 10 de marzo elementos de la FGE decomisaron en el municipio de Camargo un rancho de 30 mil hectáreas propiedad de César Duarte.

El abogado de Duarte Jáquez, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, negó categóricamente que el ex gobernador sea propietario de ese inmueble, y en una carta hizo una cordial invitación pública al gobernador panista Javier Corral Jurado para que se conduzca con verdad ante el pueblo de Chihuahua y deje de violentar los derechos humanos de mi defendido.

Fuente: La Jornada