Tras años de críticas en contra del fracking, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este año que su gobierno apostará por esa técnica para la explotación de gas natural en México.
Durante el arranque de campaña presidencial en 2024, Sheinbaum presentó 100 compromisos, entre los que destacó que su administración no permitirá el fracking en el país.
“No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking”, dijo ante un Zócalo repleto de simpatizantes previo a la jornada electoral.
Sin embargo, previo a ese discurso había expresado su rechazo por esa técnica de explotación en diversas ocasiones, incluido a través de su cuenta de Twitter, ahora X.
En una publicación que data del 18 de agosto de 2013, la ahora mandataria compartió un documento de Greenpeace España sobre el impacto del fracking y por qué no debe aplicarse; días después subió un enlace de YouTube de un documental para advertir sus riesgos previo a la aprobación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
Un año después, en 2014, Sheinbaum dijo que había mandado un documental a Juan José Guerra, entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sobre los riesgos del fracking.
Sin embargo, a dos años del inicio de su sexenio, la presidenta anunció que impulsará el fracking en México para el aprovechamiento del gas natural.
Incluso, a su conferencia llevó especialistas que recomendaron continuar la exploración en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas en las zonas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, aunque reconocieron los riesgos para los acuíferos y el elevado consumo de agua de la técnica.
Por esa razón, plantearon como opción que sea usada agua salada, el reciclaje y los nuevos aditivos para reducir considerablemente los daños de la técnica.
Sheinbaum sostiene que el uso de fracking tiene como objetivo reducir la dependencia energética de Estados Unidos, por lo que argumentó que se trataba de un asunto de seguridad nacional y soberanía.
Tras el anuncio del uso de fracking, ambientalistas pidieron prohibirlo a nivel constitucional al considerar que el comité científico excluyó a las poblaciones afectadas.
