México acumula más de 130 mil personas desaparecidas con 12 mil 759 nuevos casos registrados sólo en 2024, mientras que al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas y ocho permanecen desaparecidas desde 2010, de acuerdo con el informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre”, elaborado por la organización Causa en Común.
Según la ONG, esas cifras reflejan una crisis sostenida y una respuesta institucional ampliamente rebasada.
Subraya que frente a la magnitud del fenómeno, apenas existen 3 mil 869 carpetas de investigación, lo que evidencia la limitada capacidad de las fiscalías ante una tragedia de escala nacional. A ello se suma la falta de registros oficiales sobre fosas clandestinas, restos exhumados y capacidad forense, lo que profundiza la opacidad y dificulta la identificación de víctimas.
En este contexto, el informe advierte que el número de desapariciones ha crecido de forma “dramática”, sin que las instituciones encargadas de búsqueda, investigación e identificación hayan sido fortalecidas. Por el contrario, señala que los cambios legales recientes no han estado acompañados de presupuesto ni de políticas públicas efectivas, por lo que no han tenido impacto real en las capacidades del Estado.
Además, se acusa un presunto interés gubernamental por alterar las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en un intento por minimizar la dimensión del problema. Mientras tanto, los servicios forenses operan con graves carencias de personal y equipamiento, agravando el rezago en la identificación de restos.
El informe también documenta la inacción de instituciones clave: la Comisión Nacional de Búsqueda carece de instrumentos como el Programa Nacional de Búsqueda; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mantiene un papel marginal; y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es señalada por una postura “subordinada” al gobierno.
En conjunto, sostiene, estas omisiones han contribuido al desmantelamiento de los contrapesos institucionales.
Ante este vacío, las familias han asumido directamente las labores de búsqueda, exponiéndose a riesgos extremos frente a organizaciones criminales. Esta situación, advierte el informe, ha desplazado la responsabilidad del Estado hacia las víctimas.
En el plano internacional, el escrutinio ha sido creciente. Desde 2022, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha advertido que México enfrenta una situación generalizada de desapariciones, con 819 solicitudes de acción urgente, la cifra más alta a nivel mundial. Esto refleja que las familias recurren sistemáticamente a instancias internacionales ante la falta de respuesta interna.
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El pasado 2 de abril, dicho Comité concluyó que existen indicios de desapariciones generalizadas y sistemáticas, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, y anunció que llevará el caso ante la Asamblea General de la ONU.
Frente a este panorama, Causa en Común propone incrementar recursos para comisiones de búsqueda, fiscalías y servicios forenses; implementar un Programa Nacional de Exhumaciones; establecer protocolos homologados de investigación; y transparentar los registros de personas desaparecidas, fosas y datos forenses, con participación activa de las familias y cumplimiento de estándares internacionales.
Fuente: El Universal
