Redacción
La revisión de la Cuenta Pública 2024 encendió alertas en Oaxaca. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó un probable quebranto por 101 millones 932 mil 183 pesos en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), durante la gestión del rector Cristian Eder Carreño López.
De acuerdo con el pliego de observaciones 024-4-99055-19-1476-06-001, la institución destinó recursos federales a dos personas morales bajo el argumento de contratar servicios especializados. No obstante, la auditoría determinó que el personal subcontratado realizaba funciones administrativas ordinarias, propias de las áreas financieras y académicas internas, lo que contraviene la legislación laboral vigente.
Las investigaciones técnicas concluyeron que los servicios pagados no cumplían con el carácter de especialización requerido. En consecuencia, la ASF estableció que se vulneraron los artículos 12, 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo, reformada en 2021 para restringir la subcontratación en actividades esenciales del objeto social de las instituciones.
Los recursos observados provenían de subsidios federales destinados a universidades públicas, lo que agrava la situación al tratarse de fondos etiquetados para el fortalecimiento educativo. La UABJO no acreditó la excepcionalidad técnica necesaria para justificar los contratos.
Con esta cifra, la UABJO se ubica entre las siete instituciones educativas con mayores montos observados a nivel nacional, junto con universidades de Sinaloa, Campeche y Veracruz. En conjunto, estos casos concentran una parte relevante de los 417 millones de pesos cuestionados en el sector educativo.
En un panorama más amplio, la Cuenta Pública 2024 reportó inconsistencias por más de 65 mil millones de pesos en gasto federalizado. Dentro de ese contexto, la falta de documentación comprobatoria y las deficiencias en controles internos de la rectoría en Oaxaca fueron señaladas como un foco rojo institucional.
La administración universitaria dispone de 30 días hábiles para presentar pruebas y solventar las observaciones. De no hacerlo, la ASF podría iniciar procedimientos de responsabilidad resarcitoria contra los funcionarios involucrados.
El órgano fiscalizador enfatizó que no existen concesiones en materia de rendición de cuentas y que las acciones emprendidas buscan recuperar los recursos públicos o sancionar las irregularidades detectadas.
Con información de P570
